Por Alberto Kok
Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre
Venezuela —al afirmar que Estados Unidos podría “manejar el país durante años”
y “usar y tomar su petróleo”— no son solo una provocación retórica. Son una
señal inquietante del regreso de un lenguaje que muchos creían superado: el
lenguaje del colonialismo. Ese mismo tono reaparece hoy cuando Trump amenaza
con que Estados Unidos tomará Groenlandia “de la manera fácil o de la manera
difícil”.
Más allá de simpatías ideológicas, la pregunta central
es jurídica: ¿puede un país controlar a otro de manera legal? Desde el derecho
internacional, la respuesta es inequívoca: no. El orden jurídico contemporáneo
se construyó precisamente para impedir que las grandes potencias impongan su
voluntad sobre las más débiles, una lección aprendida tras siglos de dominación
colonial.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad
internacional fijó una regla básica en la Carta de las Naciones Unidas: ningún
Estado puede usar la fuerza para someter a otro, controlar su gobierno,
apropiarse de su territorio o explotar sus recursos. Las excepciones —legítima
defensa y autorización del Consejo de Seguridad— son limitadas y no aplican ni
a Venezuela ni a Groenlandia.
Hablar de “manejar” un país durante años, o de “hacer
algo” con un territorio ajeno por razones estratégicas, no es cooperación. Es
la descripción clásica de una relación colonial: control externo, pérdida de
soberanía real y decisiones tomadas desde fuera. El colonialismo actual rara
vez se presenta con ocupaciones formales; suele camuflarse como “administración
temporal”, “gestión de seguridad” o “tutela estratégica”. El nombre cambia, la
lógica no.
El derecho internacional es claro: todos los Estados
son iguales en dignidad y derechos. Ninguno puede decidir cómo debe gobernarse
otro. A ello se suma el derecho de los pueblos a la autodeterminación, que
incluye elegir libremente su futuro político y económico. Cuando una potencia
pretende decidir indefinidamente por otros —ya sea en Caracas o en Nuuk— ese
derecho se vacía de contenido.
El interés por los recursos revela aún más esta
lógica. En Venezuela, el petróleo; en Groenlandia, los minerales estratégicos y
el control del Ártico. La historia del colonialismo está marcada por la
extracción de riqueza para beneficio externo. Hoy, el derecho internacional
reconoce que los recursos naturales pertenecen a los pueblos del territorio
donde se encuentran. Utilizarlos para favorecer a una potencia extranjera
reproduce un patrón colonial bien conocido.
En contextos de ocupación, esta práctica tiene un
nombre jurídico preciso: saqueo, prohibido por el derecho internacional
humanitario y considerado crimen de guerra. No es un juicio moral, sino una
categoría legal creada para impedir que la fuerza sirva de excusa para el
expolio.
Quienes defienden estas posturas suelen apelar a la
democracia, la libertad o la seguridad. Pero el derecho internacional desconfía
de los argumentos morales usados de forma unilateral. La democracia no se
impone por la fuerza y la protección de poblaciones requiere autorización
colectiva, no decisiones del más poderoso. De lo contrario, el discurso ético
se convierte en coartada para la dominación.
Es cierto que el derecho internacional no siempre
logra frenar a las grandes potencias en el momento oportuno. Pero no por eso es
irrelevante. La ilegalidad deja huella: erosiona la legitimidad, habilita
sanciones, abre reclamos futuros y queda registrada en la historia. El
colonialismo también fue legal en su tiempo; hoy es universalmente condenado.
Venezuela y Groenlandia no son episodios aislados.
Plantean una cuestión de fondo: si el mundo aceptará otra vez que los fuertes
“controlen” a los débiles y dispongan de sus territorios y recursos. El derecho
internacional nació para decir que eso no está bien. Recordarlo no es
ingenuidad jurídica: es una forma de resistencia frente al regreso de viejas
prácticas con nuevos nombres.
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