El precio de los F-16: cuando modernizar un ejército significa hipotecar la soberanía

Por. Alberto Kok 

Lima, abril de 2026. La firma del contrato en la Base Aérea Las Palmas no parecía, a simple vista, un evento de gran relevancia política. Doce cazas F-16 Block 70, un simulador, repuestos, capacitación y un avión cisterna de segunda mano. Sin embargo, en el Pacífico sur —donde Washington y Pekín luchan por el control de rutas, puertos y cielos— la compra de un avión de combate ha dejado de ser solo una decisión técnica para transformarse en una clara declaración de lealtad. Perú, que durante años mantuvo una flota variada —con MiG-29 soviéticos y Mirage franceses—, ha decidido apostar casi todas sus cartas hacia un solo bando. La cuestión ya no es solo si estos aviones volarán mejor que los anteriores, sino a quién realmente le pertenece el cielo peruano.

La historia comienza con una urgencia palpable. Durante años, los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) han estado operando con márgenes cada vez más ajustados. Las sanciones contra Rusia dejaron en tierra a muchos de los MiG, mientras que los Mirage 2000 acumulaban más horas de vuelo de las que se recomiendan. En 2024, el Estado lanzó un concurso para adquirir entre 12 y 24 cazas multipropósito por alrededor de 3.500 millones de dólares. Cinco opciones se presentaron: el F-16 estadounidense, el Rafale francés, el Gripen sueco, el KF-21 coreano —que aún está en desarrollo— y el J-10 chino, que ofrecía precios competitivos. Desde un punto de vista técnico, el Gripen parecía ofrecer la mejor relación costo-beneficio. Pero en el ámbito geopolítico, la eficiencia rara vez es el único factor a considerar.

En febrero de 2026, la comandancia de la FAP sorprendió al recomendar, mediante la Resolución de la Comandancia General N.º 064-2026 del 11 de febrero, la adquisición del F-16 como la “única opción viable”. La justificación no se limitó a criterios operativos, sino que incorporó explícitamente “factores geopolíticos y estratégicos”, al tiempo que se solicitaba acogerse a la modalidad de “secreto militar no competitivo” —es decir, sin concurso público—.

La decisión generó reacciones inmediatas. Suecia expresó su malestar: según Saab, nunca recibió una solicitud formal para presentar una oferta final. Francia, por su parte, se retiró con discreción. Corea del Sur fue descartada alegando la inmadurez de su plataforma. China, aunque no participó como postor formal, proyectó una sombra negociadora que terminó influyendo en el desenlace.

Lo que siguió fue una serie de presiones diplomáticas apenas disimuladas. En enero, Estados Unidos designó a Perú como Aliado Principal Extra-OTAN (MNNA), un estatus que facilita el acceso a tecnología militar avanzada. Días después, Washington aprobó 1.500 millones de dólares para modernizar la Base Naval del Callao, ubicada a pocos kilómetros del mega puerto de Chancay, financiado por capitales chinos. El mensaje era claro: el Pacífico sur se disputa metro a metro. Funcionarios estadounidenses advirtieron públicamente que, ante una negociación “de mala fe”, utilizarían “todas las herramientas disponibles”. La compra dejó de ser una simple transacción para convertirse en un contrato de adhesión.

Aquí surge el primer problema de fondo. Los F-16 se venden bajo el esquema FMS, y las regulaciones ITAR imponen restricciones precisas: el Congreso estadounidense define los usos autorizados —defensa fronteriza, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo—, y cualquier desviación requiere aprobación expresa. Pakistán ya lo vivió en 2019, cuando fue cuestionado por reubicar sus cazas sin notificación. Perú podrá estampar sus escarapelas en el fuselaje, pero la llave de uso sigue en manos del Pentágono. Modernizar la flota implica, en este caso, aceptar una soberanía operativa compartida.

La tormenta política interna estalló en abril. El presidente interino, José María Balcázar, anunció que se posponía la firma para que el gobierno electo pudiera tomar la decisión. “No hay compra todavía”, afirmó. Horas más tarde, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, lo desmintió: el contrato ya estaba firmado, y el Ministerio de Economía había hecho un primer pago cercano a los 462 millones de dólares. La renuncia del ministro de Defensa y del canciller —quienes acusaron al mandatario de no decir la verdad— confirmó la fractura.

En este contexto, los partidos de derecha —Fuerza Popular y Renovación Popular— se unieron a Washington con una disciplina notable. Para ellos, la compra no era solo una modernización militar, sino una alianza estratégica que debía consolidarse sin dudar. Desde el Congreso, Rospigliosi actuó como un contrapeso inmediato al Ejecutivo de transición, asegurando la continuidad del proceso. La defensa del contrato se convirtió en un símbolo de legitimidad institucional, mientras se acusaba a Balcázar de irresponsabilidad por intentar frenar una operación que él mismo había habilitado meses antes mediante decretos reservados. Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso de Acción Popular, anunció que impulsaría una moción de censura contra Balcázar por "haber puesto en riesgo la seguridad nacional" al negarse a comprar los aviones. La izquierda, desde el Ejecutivo, intentó detener un proceso que ya avanzaba con inercia propia. El 20 de abril se firmó el contrato técnico; el 22, el Banco de la Nación realizó el desembolso.

La contradicción de Balcázar —impulsor inicial y detractor tardío— revela algo más profundo: en el Perú contemporáneo, la defensa nacional ya no se decide únicamente en los cuarteles. Se define en el Ministerio de Economía, en el Congreso y, cada vez más, en las embajadas. La FAP cumplió su función técnica: evaluó, comparó y recomendó. Pero no decide en solitario. Sin autonomía presupuestal, su criterio puede ser validado o desplazado por el poder político.

Cuando esos doce aviones despeguen desde Pisco o Chiclayo, lo harán bajo la bandera peruana, pero con la tecnología estadounidense. Serán efectivos para interceptar vuelos ilegales y vigilar nuestras fronteras. Sin embargo, si en algún momento Perú necesita usarlos en una situación que Washington no había previsto, se dará cuenta del verdadero costo de la modernización: no solo se pagó en dólares, sino también en la capacidad de decisión. En el Pacífico del siglo XXI, esa concesión podría resultar más costosa que los 3.500 millones del contrato.

La compra marca el final de una etapa de diversificación de proveedores y el inicio de una nueva dependencia tecnológica con Estados Unidos. Es, al mismo tiempo, una apuesta por la interoperabilidad y una renuncia parcial a la autonomía estratégica. En una región donde cada base, cada puerto y cada escuadrón son parte de un tablero global, Perú ha tomado su posición. O, más bien, ha sido colocado en ella. Ahora deberá aprender a volar con alas prestadas, sabiendo que quien presta las alas también suele trazar la ruta.