¿Inclusión social o inclusión a qué?

 

¿Inclusión social o inclusión a qué?

Por: Alberto Kok

Hay palabras que, de tanto repetirlas, terminan perdiendo parte de su significado. “Inclusión social” es una de ellas. La escuchamos en los discursos de los gobiernos, en las campañas electorales, en los informes de organismos internacionales, en las universidades y en las conversaciones sobre pobreza y desigualdad. Y casi siempre aparece acompañada de una connotación positiva.

¿Quién podría estar en contra de la inclusión?

Precisamente por eso conviene detenerse un momento. No para cuestionar la necesidad de construir sociedades más justas, sino para preguntarnos qué queremos decir realmente cuando hablamos de incluir.

Porque una pregunta aparentemente inocente puede cambiarlo todo:

¿Incluir a quién, en qué y bajo qué condiciones?

La preocupación por quienes quedan al margen de la sociedad no es nueva. Desde hace mucho tiempo la sociología se ha ocupado de la pobreza, la marginación, la desigualdad y la integración. Pero durante las últimas décadas el concepto de exclusión social adquirió una importancia especial. Ya no se trataba solamente de saber cuánto dinero tenía una persona, sino de comprender por qué determinadas personas o comunidades tenían dificultades para acceder al empleo, la educación, la salud, la vivienda, la participación política o, simplemente, a las oportunidades que otros daban por descontadas.

De ahí surgió con fuerza la idea de inclusión social.

El concepto tuvo un enorme mérito: nos permitió comprender que una persona puede ser pobre, pero también puede estar excluida de muchas otras maneras. Puede tener dificultades para estudiar, para conseguir un empleo digno, para acceder a servicios públicos, para participar en las decisiones que afectan a su comunidad o para ser reconocida como un miembro pleno de la sociedad.

Hasta aquí, todo parece claro.

El problema comienza cuando utilizamos la palabra “inclusión” sin preguntarnos qué hay detrás de ella.

¿Quién incluye a quién?

La primera cuestión es casi una cuestión de gramática.

Cuando decimos que un gobierno va a “incluir” a determinados sectores sociales, alguien aparece como sujeto que incluye y alguien como objeto de la inclusión.

El Estado incluye. La persona es incluida.

No siempre hay nada malo en ello. Un programa de acceso a la educación, una política de salud, una pensión o una infraestructura que llega por primera vez a una comunidad pueden cambiar vidas.

Pero hay una pregunta que no deberíamos perder de vista: ¿las personas están recibiendo algo que necesitan o están ejerciendo un derecho que les corresponde?

La diferencia parece pequeña, pero no lo es.

Un ciudadano que recibe una ayuda es un beneficiario. Un ciudadano que ejerce un derecho es, precisamente, un ciudadano.

La primera relación puede generar gratitud. La segunda genera exigencia.

Y una democracia madura necesita ciudadanos capaces de exigir.

No basta con abrir la puerta

Hay otra cuestión todavía más importante.

Imaginemos una casa a la que algunas personas no han podido entrar durante décadas. Finalmente, alguien abre la puerta y anuncia que ha llegado la inclusión.

Perfecto.

Pero ¿qué ocurre si dentro de la casa las habitaciones siguen distribuidas de manera desigual? ¿Si unos deciden dónde se duerme, qué se come y quién puede hablar, mientras otros solamente tienen permiso para permanecer allí?

La metáfora puede parecer exagerada, pero sirve para entender un problema real.

Incluir no es necesariamente igualar.

Una persona puede acceder a la escuela y seguir teniendo muchas menos oportunidades que otra. Puede tener un empleo y continuar viviendo en condiciones de enorme precariedad. Puede recibir atención sanitaria y seguir sin capacidad para influir en las decisiones que afectan a su comunidad.

Podemos estar incorporando personas al sistema sin modificar las condiciones que producen desigualdad.

Y ahí aparece uno de los principales riesgos del concepto: convertir la inclusión en una especie de operación de maquillaje social.

El peligro de pedir que se adapte quien ha sido excluido

Hay una pregunta todavía más incómoda.

Cuando hablamos de incluir a alguien, ¿esperamos que esa persona se adapte al sistema o estamos dispuestos a cambiar el sistema?

No es lo mismo.

Durante mucho tiempo, las políticas dirigidas a determinados grupos partieron de una idea bastante sencilla: el problema estaba en las personas que tenían dificultades para adaptarse.

La mirada contemporánea ha empezado a invertir la perspectiva.

Si una persona con discapacidad no puede entrar a un edificio porque no existe una rampa, el problema no está necesariamente en la persona. Puede estar en el edificio.

Si una comunidad indígena no consigue acceder adecuadamente a un servicio público porque el Estado no considera su lengua, su territorio o su cultura, quizá no sea suficiente decir que hay que “integrarla”. También habría que preguntarse qué debe cambiar en el propio Estado.

Esto nos lleva a una idea fundamental:

la inclusión verdadera no consiste únicamente en incorporar a las personas al sistema; también consiste en transformar aquello que las mantenía fuera.

Cuando la inclusión se vuelve paternalista

Hay otro riesgo que merece atención.

A veces hablamos de determinados grupos sociales como si fueran personas que necesitan ser “incluidas” por otros.

Los pobres. Los indígenas. Las personas con discapacidad. Los jóvenes. Las mujeres. Los habitantes de determinadas regiones.

El lenguaje puede terminar creando una curiosa paradoja: hablamos en nombre de quienes queremos que tengan voz.

Una política verdaderamente inclusiva debería hacer algo más que decidir qué necesitan los demás. Debería permitir que esos ciudadanos participen en la definición de sus propias necesidades y en las soluciones.

No se trata simplemente de preguntarles qué quieren.

Se trata de reconocer que también tienen conocimiento, experiencia y capacidad para decidir.

Porque la inclusión pierde parte de su sentido cuando quienes supuestamente serán incluidos no participan en las decisiones sobre cómo hacerlo.

Una palabra que todos pueden utilizar

Aquí aparece una dimensión política muy interesante.

“Inclusión social” es una expresión casi imposible de rechazar públicamente. Ningún político dirá que quiere más exclusión.

Por eso el concepto tiene una enorme capacidad para generar consenso.

Pero también puede convertirse en una palabra demasiado cómoda.

Un gobierno puede hablar de inclusión para referirse a programas sociales. Otro puede hacerlo para defender el crecimiento económico y el empleo. Otro puede poner el acento en la igualdad de derechos. Otro, en la identidad cultural. Otro, en la participación política.

Todos hablan de inclusión.

Pero no necesariamente están hablando de lo mismo.

Por eso, cuando encontremos la palabra en un discurso, deberíamos acostumbrarnos a hacer una pregunta muy sencilla:

¿Inclusión en qué?

Y después algunas más:

¿Quién queda fuera?

¿Por qué queda fuera?

¿Quién decide las condiciones para entrar?

¿Los nuevos incluidos tienen capacidad para decidir?

¿Se están ampliando derechos o simplemente beneficios?

¿Se están modificando las causas de la exclusión o solamente se están administrando sus consecuencias?

Estas preguntas no buscan desacreditar las políticas de inclusión. Al contrario. Pretenden hacerlas más exigentes.

De beneficiarios a ciudadanos

Quizá el desafío más importante sea cambiar nuestra manera de mirar a las personas que sufren desigualdad.

No deberíamos verlas únicamente como receptoras de ayuda.

Son ciudadanos.

Y esa diferencia importa.

Una democracia no puede conformarse con que las personas reciban servicios. Necesita que puedan reclamar derechos, participar en las decisiones, organizarse, expresar sus desacuerdos y sentirse parte de la comunidad política.

La inclusión social, entendida de esta manera, deja de ser solamente una política contra la pobreza.

Se convierte en una pregunta sobre la democracia.

Porque una sociedad puede reducir determinados niveles de pobreza y continuar siendo profundamente desigual en términos de poder.

Y también puede suceder lo contrario: una sociedad puede empezar a transformar sus relaciones de poder antes de que haya resuelto completamente sus desigualdades económicas.

Por eso hablar de inclusión debería llevarnos necesariamente a hablar de ciudadanía, igualdad, participación y poder.

Recuperar el sentido de una palabra necesaria

No necesitamos abandonar el concepto de inclusión social. Probablemente necesitamos utilizarlo mejor.

Necesitamos recuperar su sentido más profundo: que nadie debería quedar fuera de las oportunidades, de los derechos ni de la posibilidad de participar plenamente en la sociedad.

Pero para conseguirlo hay que ir un poco más allá del lenguaje amable de los discursos.

La inclusión no debería significar simplemente “dar un lugar” a quien estaba fuera.

Debería significar también preguntarnos por qué estaba fuera y qué debemos cambiar para que no vuelva a estarlo.

Y quizá, sobre todo, aceptar una idea que no siempre resulta cómoda:

una sociedad inclusiva no es aquella en la que unos pocos tienen la generosidad de abrir la puerta. Es aquella en la que nadie tiene el poder de decidir quién merece entrar.

Esa diferencia puede parecer sutil.

En realidad, cambia por completo la conversación.

Y tal vez sea hora de empezar a tenerla.